Lautaro Bustillo para Polis XXI

El 10 de octubre, a 9 meses de su aprobación en el Congreso, la Legislatura Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó de manera unánime la adhesión a la ley 27.499, también conocida como Ley Micaela. La norma obliga a funcionarios públicos de los tres poderes nacionales a capacitarse sobre la temática de género y violencia contra la mujer.

La aprobación de esta Ley fue de manera unánime, coincidiendo todos los bloques que era un paso necesario en la lucha contra la violencia de género y femicidios. Sin embargo, hubo puntos de crítica en el espacio de debate.

Leandro Halperín, del bloque Evolución, afirmaba la necesidad de la Ley, pero también criticaba la lentitud con la cual la legislatura tardó en discutir la adhesión y mucho más su aprobación. Por otro lado, Andrea Conde de Unidad Ciudadana resaltó que a pesar que la Ley ya tiene 10 meses, sigue habiendo 1 femicidio por día. Laura Marrone señaló el presupuesto necesario para la capacitación de funcionarios y la reducción de éste en los recursos aplicados relacionados a violencia de género por parte del oficialismo.

La Ley fue aprobada el 10 de enero de este año por el Congreso Nacional, después de varias luchas sociales y presión por parte de organizaciones feministas, y pone como autoridad de aplicación al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), también responsable de publicar anualmente reportes del cumplimiento dentro de los tres poderes de la nación.